Feministas sin Fronteras repudia la decisión del gobierno argentino de votar en contra de la Resolución sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fue acompañada por 168 países miembros.
El documento al que se opuso la gestión del presidente Javier Milei reafirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reforzando los compromisos asumidos en materia de promoción y protección de derechos de los pueblos indígenas, en cuestiones de ambiente, justicia y diversidad cultural, entre otros, y destacando la importancia de garantizar el camino hacia la igualdad establecida en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Siendo conscientes de llevar adelante políticas de no discriminación y resguardo de los pueblos indígenas, la resolución también alienta la participación de sus representantes en asuntos que afectan sus territorios y recursos.
En ese marco, expresamos nuestra preocupación por el voto argentino, que exhibe una clara ruptura con el posicionamiento histórico de nuestro país en materia de pueblos indígenas e incumple compromisos asumidos en el orden internacional, regional y nacional.
Desconocer los derechos de los pueblos indígenas y su fundamental contribución a la promoción del desarrollo sostenible configura un claro retroceso en materia de derechos humanos. Consecuentemente, aleja a nuestro país de un concierto mundial que alienta la cooperación, respeta las tradiciones de los pueblos indígenas y aboga por su bienestar integral.
En ese camino, recordamos que una década atrás, en 2014, la entonces embajadora Marita Perceval –presidenta de Feministas sin Fronteras– presidió la primera jornada de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en la que se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución A/69/L.1.
Allí se comprometía a los Estados Miembros –incluido Argentina–, a cooperar con las instituciones indígenas en la implementación de planes específicos que atendieran sus derechos y promovieran el acceso a la educación y el acceso a la salud –intensificando los esfuerzos para reducir las tasas de VIH y Sida, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades no transmisibles en esas comunidades–, garantizaran el acceso de niñas, niños y adolescentes al ámbito cultural, religioso y el uso de su propio idioma, reconocieran la importancia de las instituciones de justicia indígenas para resolver controversias, fomentaran las relaciones armoniosas, y abordaran con los pueblos indígenas los efectos que los grandes proyectos de desarrollo tuvieran o pudieran tener en las comunidades, incluídas las actividades mineras.
En definitiva, se subrayaba y acompañaba el derecho de los pueblos indígenas a determinar y establecer sus prioridades y estrategias de desarrollo.
Con su decisión, el gobierno de Javier Milei se posicionó como el único país en el mundo en rechazar la Resolución sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada el 11 de noviembre de 2024 en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia se abstuvieron. Una vez más, hacemos un llamamiento en defensa de los derechos humanos, para repudiar el cambio adoptado en la política exterior argentina, reconociendo el valor de los pueblos indígenas