Rechazamos la Normativa Discriminatoria en Evaluaciones de Discapacidad

100% Diversidad y Derechos y Feministas sin Fronteras expresamos nuestro profundo rechazo a la reciente normativa emitida por el gobierno argentino que autorizó el uso de términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” en las evaluaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esta medida representa un grave retroceso en términos de dignidad y derechos humanos para las personas con discapacidad, reforzando estigmas históricos y perpetuando la discriminación institucional.

Esta decisión contradice los compromisos asumidos por Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve el respeto por la dignidad y el uso de terminología inclusiva. La reintroducción de categorías peyorativas revive clasificaciones médicas obsoletas que han sido descartadas en las versiones más recientes de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Además, contradice la legislación nacional que impulsa una mirada inclusiva y respetuosa hacia la diversidad humana.

El uso de estos términos evidencia un enfoque basado en el modelo médico de la discapacidad, que concibe a la persona como “defectuosa” y centrada en sus limitaciones individuales. Esto contrasta con el modelo social de la discapacidad, que entiende las barreras sociales y culturales como los verdaderos obstáculos para la inclusión. Al perpetuar una visión despectiva y estigmatizante, el Estado refuerza la exclusión en lugar de promover políticas que eliminen barreras y fomenten la plena participación social.

Esta medida se inscribe en un contexto más amplio de retrocesos en derechos humanos. En el último año, se han flexibilizado normativas laborales que afectan a personas con discapacidad y se ha reducido el presupuesto destinado a programas de inclusión social. Estos cambios no son hechos aislados, sino parte de una agenda regresiva que atenta contra los derechos adquiridos de los sectores más vulnerables.

Exigimos la inmediata derogación de esta normativa y el compromiso con políticas inclusivas que respeten la dignidad y diversidad de las personas con discapacidad. Instamos a la sociedad civil, organismos internacionales y entidades defensoras de derechos humanos a exigir el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.